Paraguay - Informe: Derecho
a la Libre Orientación Sexual
El
Grupo de Acción Gay Lésbico (GAGL) elaboró este informe sobre el derecho a
la libre orientación sexual para ser publicado en el Informe de Derechos
Humanos del Paraguay 1999 editado por la Coordinadora de Derechos Humanos
del Paraguay (CODEHUPY). Presentamos esta edición para tener más
posibilidades de difusión en nuestra comunidad ya que quienes integramos el
GAGL creemos que es muy importante conocer
nuestros derechos y la situación en la que nos encontramos.
El
mismo fue realizado en base a la información extraída de entrevistas,
diarios y consultas bibliográficas. Contiene dos casos de represiones a
homosexuales hombres ocurridos en el Paraguay durante la dictadura del Gral.
Alfredo Stroessner y una reflexión sobre la situación de las lesbianas, un
marco legal referido a la libre orientación sexual, casos de discriminación
por orientación sexual ocurridos durante este año y algunas conclusiones,
que nos podrían guiar para emprender futuras acciones en la lucha por
nuestros derechos.
Derecho
a la libre orientación sexual
Durante
mucho tiempo se consideró a las conductas sexuales diferentes de las
establecidas como enfermedades o desviaciones de la personalidad, se las asoció
además a lo delictivo. Pero a medida que la humanidad fue evolucionando hacia
el reconocimiento de los derechos de las personas y gracias a la organización
de las minorías que fueron discriminadas, estas definiciones comienzan a
cambiar.
Hoy,
a cincuenta y un años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
se comienza a hablar del derecho a la libre orientación sexual. Esto implica
que hombres y mujeres puedan ejercer con libertad plena la forma de vivir su
sexualidad, eligiendo a la persona de su mismo sexo o del otro para formar una
pareja o una familia.
El
presente informe hace referencia más acabada de la libre orientación
sexual que incluye a lesbianas, homosexuales y bisexuales. Sólo se
mencionan a las personas que sufren discriminación por su identidad de género
en las denuncias de casos de violencia y agresiones, ya que se conocen de
manera más cercana las violaciones de los derechos de gays y lesbianas que
las de travestis, transformistas y transexuales.
Aunque
las realidades de estos distintos grupos tengan puntos en común con respecto
a las discriminaciones que sufren por no poder vivir libremente, sus
sexualidades son distintas, ya que como lo dice Lohana Berkins “nosotras
preferimos identidad de género y no sexual para referirnos a cómo cada
persona se percibe, se construye y se denomina a sí misma; esa identidad
puede ser una de las convencionales (mujer, hombre) o cualquiera de las nuevas
que están surgiendo (travestis, transexuales, transformistas, drag-queens,
drag-kings, etc.)”[1].
1-
Casos de represión durante la dictadura
1.1
Represión a homosexuales
Hay
muy poca información en Paraguay sobre las discriminaciones que han sufrido o
sufren personas con orientación sexual diferente. Hasta hace muy poco no
existían
organizaciones
de homosexuales, de lesbianas, bisexuales, travestis o transexuales. No hubo
ni hay organizaciones de la sociedad civil que se ocupen del tema y mucho
menos del Estado. Se trata de algo que se oculta, de lo que todavía se
prefiere no hablar o hablar en voz baja, por temor a represalias y
discriminaciones en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Debido
a esta situación, no existen en forma sistematizada registros donde se
consignen datos o hechos ocurridos que tengan que ver con la violación de
derechos humanos por cuestiones de orientación sexual. Sin embargo, se
conocen dos casos ocurridos bajo la dictadura del General Alfredo Stroessner
de persecución y represión a homosexuales hombres[2].
Se debe recordar que durante el régimen stronista muchas personas fueron
secuestradas, torturadas y exiliadas, por oponerse al Dictador o por pensar
distinto.
Los
casos a los que se alude son derivaciones de dos crímenes, uno de ellos es el
asesinato de Bernardo Aranda que sucedió el 1 de setiembre de 1959, el otro
es el asesinato de un menor de 14 años, Mario Luis Palmieri, cuyo cuerpo se
encontró el 28 de marzo de 1982.
Como
consecuencia de la muerte de Bernardo Aranda fueron detenidos 108 homosexuales
hombres para realizar las investigaciones del supuesto asesinato. Aranda era
un locutor muy conocido de la Radio Comuneros (ubicada en el barrio Obrero de
Asunción). El 1 de setiembre de 1959 fue encontrado calcinado en su casa.
Como “se sospechaba que era homosexual”, se dedujo automáticamente
que los autores del supuesto crimen también lo eran y que por lo tanto
cualquier homosexual estaba involucrado.
Aproximadamente
desde el 2 de setiembre y en los días siguientes, la Policía -cuyo jefe era
el Gral. (SR) Ramón Duarte Vera y el Departamento de Investigaciones, el
comisario Erasmo Candia- realizó varias redadas en locales públicos de
baile, donde se detuvo arbitrariamente a muchas personas para averiguaciones,
entre éstas, la mayoría fueron hombres que se suponía eran homosexuales.
Muchos de ellos fueron llevados a la Comisaría 4ta. de Barrio Obrero. Se cree
que se elaboró una lista con 54 nombres de los “amorales” que estuvieron
presos, pero no se sabe si llegó a ser publicada[3].
En
el diario El País del 30 de setiembre de ese año se publican párrafos de
una carta anónima donde se defiende los derechos de los homosexuales: “Nosotros
seguimos una vocación que es tan antigua como la propia humanidad, y en este
siglo de consagración de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el
derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico, lo que
queremos, sin incomodar a los otros que no quieran hacer lo mismo que nosotros
...”
Hasta
hoy no se han aclarado las circunstancias de la muerte de Bernardo Aranda;
tampoco se sabe lo que ocurrió con las personas que fueron apresadas. Quizás
investigando más profundamente se puedan obtener testimonios o pruebas de las
violaciones de derechos humanos que sufrieron quienes fueron detenidos y
detenidas. Lo que sí se puede afirmar, es que el caso Aranda generó en la
sociedad paraguaya una reafirmación de los prejuicios contra la
homosexualidad, el mote de los “108 y un quemado” (que hace referencia al
número de homosexuales que fueron apresados y a la muerte de Bernardo
Aranda), se socializó y hasta hoy se lo utiliza como una forma de
descalificar a las personas aludiendo a su orientación sexual.
El
caso Palmieri tiene muchas características similares al de “los 108 y un
quemado”. Después que la Policía encontrara el cuerpo sin vida de Mario
Luis Palmieri, quien estuvo desaparecido durante 6 días, luego de ser
secuestrado del colegio San José en Asunción, donde cursaba el 4to.año de
secundaria, fueron apresadas arbitrariamente más de 600 personas, entre ellas
la mayoría hombres que se suponían eran homosexuales. No existe una única
hipótesis del por qué se vinculó el crimen con la homosexualidad ,y las
muchas versiones que corrieron, lejos de aclarar lo que sucedió, violaron la
intimidad de las personas. En un periódico de la época se menciona que “todavía
siguen detenidos numerosos homosexuales, los que son interrogados sobre
detalles relacionados a sus actividades, y porque existe coincidencia con el
comportamiento del sindicado autor material del alevoso crimen”[4].
La
Policía -con Pastor Milciades Coronel como jefe del Departamento de
Investigaciones- realizó varias redadas durante más de un mes, para apresar
a homosexuales, a fin de investigar el caso Palmieri, creando terror y pánico.
Los detenidos fueron llevados a la Comisaría Tercera de la capital y luego
trasladados a la Guardia de Seguridad (en el barrio Tacumbú de Asunción);
otros fueron llevados al Departamento de Investigaciones. Estuvieron recluidos
desde varios días a varios meses, durante los que fueron torturados física y
psicológicamente, sufriendo tratos degradantes y diferentes humillaciones.El
Comité de Iglesias publicó un documento pidiendo el respeto de los derechos
humanos de las personas que estaban detenidas por el caso Palmieri[5].
Carla,
una famosa travesti, estuvo detenida “ignorándose la causa de su detención”[6].
Su abogado pidió un hábeas corpus para que sea liberada, ya que no existía
proceso judicial alguno en su contra.
Además
de los secuestros y detenciones arbitrarias, se elaboraron listas con nombres
de los que fueron apresados, que luego fueron distribuidas en empresas
privadas, universidades y otros lugares, con el objetivo de dar una sanción
social a quienes eran homosexuales. Como consecuencia de la publicación y
distribución de las listas, los afectados fueron estigmatizados y
discriminados, muchos fueron despedidos de sus trabajos y tuvieron que huir
del país. Estas listas se encuentran en el Archivo del Terror[7]
y hoy constituyen una prueba de los crímenes que sufrieron estas personas.
Las
violaciones de derechos humanos que se cometieron en estos dos casos específicamente,
nunca fueron denunciadas, por lo que nadie fue procesado o procesada por estos
crímenes. Es necesario que l@s responsables sean castigad@s para resarcir a
las víctimas y mostrar a la sociedad que las personas con orientación sexual
diferente no son criminales.
1.2.
Las lesbianas en silencio
No
existen casos conocidos de represión o torturas durante la dictadura a
mujeres por homosexualidad. En una sociedad patriarcal, la discriminación
hacia las mujeres las vuelve invisibles, por lo tanto también todo lo que les
suceda. Hasta no hace mucho no existía documentación ni información sobre
las mujeres y su situación y, aunque hoy día ya existan organizaciones de
mujeres que lo hagan, todavía sigue siendo insuficiente.
En
este contexto se encuentran las lesbianas, de quienes se tiene mucho
desconocimiento e ignorancia. No se las puede asimilar a la homosexualidad
masculina, ya que sus circunstancias difieren de los hombres homosexuales por
su realidad como mujeres y por ello es necesario establecer una diferenciación.
Las
violaciones a sus derechos no son explícitas; tener que vivir entre “cuatro
paredes” constituye una violación del derecho a la libertad; “es como una
cuestión prohibida que se vive entre cuatro paredes, no se puede vivir
libremente y eso con el tiempo trae dificultades en el relacionamiento, eso
crea cierta psicosis, además no tenemos una mínima protección legal...”[8]
Por
estas razones surge el silencio; silencio del que hablan las entrevistadas
para este informe. El silencio que significa ausencia de datos, de denuncias,
de desconocimiento de la realidad de las lesbianas... Este silencio que tiene
que dejar de existir.
2.
Marco legal
2.1.
La Constitución Nacional
declara la igualdad en dignidad y derechos y la no discriminación: “Todos
los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se
admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los
factores que las mantengan o las propicien ...” (Art. 46). El Art. 4 Del
derecho a la vida, garantiza la protección del honor y la reputación de las
personas:
“...toda
persona será protegida por el Estado en su integridad física y síquica, así
como en su honor y reputación... ”.
También se defienden los derechos a la libre expresión (Art. 25) y a la
intimidad (Art. 33). Sin embargo, estos derechos que reconoce la Carta Magna
no sirven para la protección real de las minorías sexuales, ya que no se
traducen en leyes que puedan protegerlas.
El
Capítulo IV de la misma Constitución, donde se habla de los Derechos de la
Familia, discrimina a las parejas homosexuales, ya que no reconoce las
conformadas por personas del mismo sexo en matrimonios ni en las uniones de
hecho. Aquí existe una contradicción en la misma Constitución, que por un
lado dice que “todas las personas son iguales en dignidad y derechos
...” pero por otro sólo reconoce las uniones heterosexuales.
Respecto
al derecho laboral, partiendo de la propia Constitución, el Art. 88 sobre la
no discriminación en el trabajo, que dice “No se admitirá discriminación
alguna entre los trabajadores por motivos étnico, de sexo, edad, religión,
condición social y preferencias políticas o sindicales...” no incluye
a la orientación sexual como motivo susceptible de discriminación que
requiera ser protegida.
2.2.
El Código Laboral
también declara la no discriminación en el trabajo: “No podrán
establecerse discriminaciones relativas al trabajador por motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión pública o condición social” (Art.9),
pero tampoco menciona la orientación sexual. Debido a esta razón no
constituye una garantía real para l@s homosexuales que son despedid@s de sus
trabajos por su orientación sexual (ver más información en Resumen de
casos y datos).
2.3.
El Código Civil
vigente discrimina a las parejas de homosexuales y tampoco reconoce las
uniones de hecho de parejas del mismo sexo (Art.217). Declara como un
impedimento para el matrimonio a la homosexualidad: “No pueden contraer
matrimonio entre sí: g) las personas del mismo sexo” (Art. 140).
Además
de prohibir el matrimonio, el Código establece la unión de parejas del mismo
sexo como motivo de nulidad del matrimonio y lo reitera dos veces en el mismo
Art. 179: “El matrimonio es nulo: a) cuando se realiza con alguno de los
impedimentos establecidos en los arts. 140, 141, 142; y b) cuando se ha contraído
entre personas del mismo sexo”.
Como
no reconoce a las parejas homosexuales en el matrimonio ni en uniones de
hecho, todas las protecciones legales que gozan las familias heterosexuales
son negadas para las que no lo son. Esto deriva en que no se puede establecer
una relación de afinidad jurídica en la pareja y no existen derechos para
l@s integrantes de ella. De hecho, al no reconocerse la unión no se tiene en
cuenta, por ejemplo, la obligación de prestación de alimentos, la subrogación
de contratos de locación (derecho que pasa a l@s hereder@s) y derechos de
sucesión.
En
este último ámbito, si algún integrante de la pareja muere, debió haber
tomado los recaudos suficientes para dejar a su cónyuge una parte de sus
bienes, en el caso de no tener hij@s ni ascendientes; mientras que en el caso
del matrimonio o la unión de hecho heterosexual reconocida jurídicamente,
los bienes pasan al cónyuge en la totalidad (si no existen hij@s); esto no se
da en la relación entre dos personas del mismo sexo. Para que exista sucesión,
entonces, se debió prever testamento. El testamento no garantiza de forma
alguna la sucesión total de los bienes, sino la de una porción según
establece el Código.
El
Código Civil no excluye a las personas homosexuales para la adopción, como
tampoco expresa explícitamente que la homosexualidad sea un impedimento para
la tenencia de hij@s. Sin embargo, no existen garantías para una persona que
siendo homosexual quiera tener un hij@, sea est@ adoptad@ o biológic@.
3.4.
El Código Penal
(Ley N° 1.160/97) contiene una disposición claramente discriminatoria.
Atendiendo a los arts. 137 y 138, se deduce que el consentimiento sexual se
admite desde los 16 años, tanto para actos heterosexuales, como homosexuales.
Sin embargo, mientras la pena para el estupro (relaciones no matrimoniales con
menores de 14 a 16 años) es sólo de multa, para los actos homosexuales con
menores de 16 años, la pena se eleva hasta los dos años de privación de
libertad conmutables por multa.
Aquí
existe una doble discriminación, para homosexuales y para las menores, ya que
por un lado se califica a la homosexualidad como un delito, siendo que el
delito es el abuso, sea homosexual o heterosexual el autor.Por otro lado el
abuso heterosexual sólo se pena con multa, que es una sanción menor.
3.
Ley del SIDA (102/91)
A
pesar de que el SIDA afecta a toda la población y no a grupos determinados.es
necesario considerar particularmente la Ley N° 102/91 del SIDA, porque históricamente
se asoció a los homosexuales masculinos con este tema y por ser de una
enfermedad estigmatizada desde el punto de vista social.
Desde
la promulgación de esta ley, la situación ha cambiado mucho en lo que se
refiere a las investigaciones científico-médicas, así como también en el
aspecto social. Cuando se descubrió la epidemia hacia la década de los
‘80, se hablaba de poblaciones de riesgo integrada por hombres
homosexuales en su mayoría; luego pasaron a integrar la categoría l@s
usuari@s de drogas intravenosas y l@s hemofílic@s (politrasfundidos). A
partir de esta situación, comienza un movimiento internacional en torno al
SIDA, la comunidad homosexual estigmatizada como “los portadores de la
epidemia” revirtió esta situación positivamente, comenzó a organizarse y
a tomar conciencia.
Paralelamente
a todo el movimiento que se generó a nivel internacional, en los ‘90
comienza a descubrirse casos de personas heterosexuales sin vinculaciones
directas con las llamadas poblaciones de riesgo. A partir de aquí, éstas
dejan de existir y se comienza a hablar de “conductas de riesgo”, que son
comportamientos que implican posibilidades de transmisión del VIH, por
ejemplo: compartir jeringas o tener relaciones sexuales no protegidas.
De
acuerdo con el análisis que la ONG Luna Nueva hace de esta Ley en una
investigación[9],
se debe señalar que ocho artículos de la misma violan el derecho a la
libertad, a la seguridad de las personas, el derecho a la intimidad y a la
salud, entre otros, por lo que resulta inconstitucional.
Para
ilustrar, puede citarse como ejemplo el Art. 8 que dice: “Se consideran
grupos
de
alto riesgo a homosexuales, bisexuales, heterosexuales promíscuos,
meretrices, proxenetas, drogadictos intravenosos, politransfundidos, población
carcelaria, niños, jóvenes de la calle, y todo otro grupo así considerado
por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”.
Dicho
artículo indica que siendo homosexual o bisexual se está en el grupo de
riesgo independientemente del comportamiento; pero en el caso de los
heterosexuales, ya se añade “promíscuo”, que es una conducta
determinada. Lo mismo podríamos decir del resto de la lista de grupos de
riesgo, que evidencia más prejuicio que intención de prevención de la
enfermedad.
Esta
Ley, además de ser inconstitucional y discriminatoria, está totalmente
desfasada de la realidad de Paraguay y del mundo. Se
debería estudiar su reforma, haciendo énfasis en la prevención y atención
a la salud de todas las personas sin discriminaciones, para que pueda
convertirse en una protección y garantía real.
4.
Resumen de casos y datos
4.1.
Despidos por orientación sexual diferente
En
abril de 1997, TB (24 años), de sexo femenino, trabajaba en una empresa
multinacional de comidas. Cuando estaba a punto de ascender a un cargo, fue
obligada a renunciar por un supuesto “bajo rendimiento”, aunque en
ascensos anteriores obtenía excelentes puntajes. Su condición de lesbiana
era conocida por algun@s emplead@s. Cuando renunció, recibió el pago
equivalente a un despido injustificado. En julio de 1997, en la misma empresa
multinacional, ocurrió un caso de despido colectivo por razones de
discriminación. Una de las afectadas dijo que la despidieron por ser
lesbiana, a otras compañeras porque eran de su entorno y otra renunció por
solidaridad con las despedidas. Además comentó que los hombres que
declaraban su homosexualidad nunca ascendían, por más responsables y
dedicados que fueran, lo mismo ocurría con las mujeres.
En
diciembre 1998, NB (21 años), de sexo masculino, ocupaba el cargo de
Asistente en el Departamento de Importaciones de una empresa de automotores.
Fue despedido aprovechando una reducción de personal. Un tiempo después el
gerente, en una conversación informal, le dijo que tomaron esas medidas para
que no “degenerara al plantel”, ya que su condición homosexual era de
conocimiento de algunas personas.
También
en el mes de diciembre de 1998, JE (28 años), de sexo masculino, desempeñaba
el cargo de Profesor del Taller de Comunicación en un colegio técnico de la
capital. Lo despidieron con la excusa de que reestructurarían los cargos,
pero más tarde se enteró que un compañero suyo había ocupado su.lugar.
Tod@s
l@s entrevistad@s declararon que las empresas de las que fueron despedidos
utilizaron la excusa de una reducción de personal o un reestructuramiento de
la empresa para poder despedir a las personas homosexuales, esto sin tener en
cuenta su responsabilidad y dedicación.
4.2.
Casos de agresión
Los
casos de agresión a travestis son constantes. Según las líderes Liz Paola
(travesti) y Lucero Smith (transformista), desde 1989 hasta la fecha existen
12 casos de asesinatos en las calles, de los cuales 8 fueron provocados por la
Policía. Estos casos fueron denunciados formalmente, pero no han sido
investigados por la justicia ni por la Policía.
En
la madrugada del 6 de marzo de este año, Michaela (travesti), murió en el
centro de Asunción, en las calles Herrera y Caballero, por las puñaladas que
recibió por parte de un supuesto cliente[10].
La
Policía no cumple su función de velar por la seguridad de las personas,
porque en algunas ocasiones arresta a los agresores para luego de unas horas
liberarlos sin ponerlos a disposición de la justicia; la misma Policía
obtiene sus beneficios, sacándoles dinero u otros objetos de valor a los
atacantes a cambio de no develar sus nombres.
Un
hecho de violación a la privacidad ocurrió el 14 de mayo cuando la Policía
ingresó a un Pub gay ubicado sobre la calle Cerro Corá en Asunción, para
hacer el control antidrogas y de menores; la prensa televisiva grabó a las
personas y lo ocurrido en ese lugar, difundiéndolo en uno de los noticieros.
5.
Lenguaje homofóbico
Durante
los sucesos de marzo muchos orador@s utilizaban términos que hacían
referencia a la homosexualidad de manera peyorativa y degradante, relacionándola
como insulto o agravio con el asesinato y la corrupción, esto sin percatarse
que muchos de l@s presentes en la plaza eran gays y lesbianas, que luchaban
por la democracia. Por este motivo, la organización GAG-L emitió un
comunicado para aclarar que la homosexualidad no es asimilable a los crímenes.
El
diario Popular utiliza calificativos homofóbicos en sus titulares como
“Homos”, “Mariposones”, “Raritos”, etc.[11].
El diario Noticias es otro medio de prensa que se refiere a la homosexualidad
despectivamente, empleándola para descalificar a personas, tratando la
homosexualidad como si de un delito se tratase. Esto se refleja en las
columnas de opinión y en las caricaturas de su columna diaria denominada
Radio So’o[12].
La
organización Comunidad Homosexual del Paraguay (CHOPA) presentó una carta al
diario Noticias con el apoyo de la Coordinadora de Derechos Humanos (CODEHUPY)
el 26 de agosto reclamando el cese del lenguaje homofóbico y discriminatorio
utilizado en las publicaciones de este diario[13].
6.
Mujeres y hombres en reclusión[14]
Las
personas de orientación sexual diferente en los centros penitenciarios sufren
hostigamiento, violencia y abusos sexuales. Las denuncias recogidas de la
prensa
hacen
referencia a violaciones colectivas con lesiones graves en Tacumbú (centro
penitenciario de varones) y en el Buen Pastor (centro penitenciario de
mujeres).
En
febrero de este año en el Penal de Mujeres se produjo un incendio que acabó
con la vida de las reclusas María Inés Díaz Sánchez y María Angela
Oliveira e hirió gravemente a otra. Violando la intimidad de las personas y
tratando de justificar las malas condiciones del penal y la negligencia de las
autoridades durante la investigación -el incendio se verificó a las 10 de la
mañana y la directora del penal avisó a las autoridades competentes recién
en horas de la tarde-, se aludió a que las causas podrían haber sido “el
lesbianismo y los celos”[15].
El hecho, que fue muy confuso, todavía no llegó a esclarecerse. Beatriz
Zarza de Mendieta, directora del penal en ese entonces- fue separada del cargo
y una reclusa se halla procesada como autora del hecho.
Existe
un trato desigual para mujeres y hombres homosexuales, ya que no pueden
recibir en visitas privadas a sus parejas como lo hacen los hombres
heterosexuales y algunas mujeres.
6.1.
Otros casos
En
el mes de octubre José Pérez Meza presentó ante el juzgado del fuero civil
y comercial a cargo del Dr. Nery J. Kunzle, una demanda por reconocimiento de
matrimonio aparente contra la sucesión de Genaro Antonio Espínola Tami (Pindú),
alegando que vivieron juntos 19 años. Anteriormente Pérez Meza pidió el
reconocimiento judicial de la sociedad de hecho contra la sucesión. La Corte
Suprema de Justicia decretó su prescripción[16].
7.
Organizaciones
CHOPA
(Comunidad Homosexual del Paraguay):
Se fundó en julio de 1996 debido a la necesidad de acompañar a las personas
infectadas con el virus del SIDA, tanto hombres como mujeres sean
heterosexuales u homosexuales. Realizan actividades públicas de educación en
el uso del preservativo y fiestas para la recaudación de fondos con el objeto
de comprar medicamentos y dar apoyo económico a l@s enferm@s de escasos
recursos.
El
CHOPA busca conseguir apoyo financiero para la campaña de lucha contra el
SIDA, realizar campañas educativas para la prevención del mismo y solicitar
a l@s parlamentari@s una mejor atención a los hospitales que trabajan con
enferm@s de HIV.
Grupo
LAZOS: es
una organización formada por transformistas y travestis que busca promover el
respeto, combatir la discriminación y los casos de violencia contra ellas.
Actualmente la organización no está funcionando.
GAGL
(Grupo de Acción Gay Lésbico): Se
fundó en febrero de 1999. En un principio se llamó Grupo de Acción Gay
(GAG), pero luego con la inclusión de más mujeres redefinió su nombre. Uno
de los objetivos es luchar contra la discriminación y buscar la reivindicación
de l@s personas con orientación sexual diferente dentro de la sociedad y el
entorno. El GAGL realiza emprendimientos propios y con otras organizaciones en
pro de las minorías para generar el debate y tratar de revertir la cultura
homofóbica del Paraguay.
El
GAGL busca promover una cultura tolerante hacia las minorías sexuales, crear
y apoyar estrategias de acción para la defensa de los derechos y la
participación en la sociedad y desarrollar una cultura homosexual que permita
al individuo asumir su identidad e insertarse positivamente en la sociedad.
8.
Recomendaciones
-
Incorporar en toda la legislación la protección específica contra toda
forma de discriminación por orientación sexual.
-
Incorporar en la legislación paraguaya la penalización de toda forma de
discriminación.
-
Hacer cumplir la declaración de la Constitución Nacional sobre la igualdad
de todas las personas, eliminando las leyes discriminatorias y homofóbicas,
como las del Código Civil y el Código Penal citadas en este informe.
-
Priorizar la implementación de medidas adecuadas para prevenir y proteger a
las minorías sexuales discriminadas, superando la complicidad del Estado con
estas prácticas.
-
Garantizar que se reciban las denuncias sin discriminar a nadie por la
orientación sexual, y la aplicación de la justicia en todos los casos.
-
Promover la inclusión en los documentos sobre Derechos Humanos de la garantía
del derecho a la orientación sexual diferente.
-
Promover la documentación y sistematización sobre denuncias, casos de
discriminación e información en general sobre la orientación sexual
diferente.
9.
Bibliografía
-
Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992)
-
Código Civil vigente
-
Código Laboral vigente
-
Código Penal vigente
-
Berkins,
Lohana, Construyendo la ciudadanía travesti. Las travestis frente a las leyes
antidiscriminatorias. Análisis situacional y propuestas. Asociación Lucha
por la Identidad Travesti/Transexual (ALITT) Argentina.
Mondimore
Francis M., Una historia natural de la homosexualidad, Editorial Paidós.
Barcelona, 1998.
